Junto con Irina De Sancho, Asesora Política sobre Empleo y Asuntos Sociales en el Parlamento Europeo, he publicado un artículo de análisis explicando cómo debería modificarse la arquitectura fiscal y financiera de la UE para proteger los derechos de la ciudadanía europea y el Estado de Bienestar Social en situaciones de crisis económica.
Hemos analizado cómo las reformas financieras emprendidas por la UE después de la crisis de 2008 han limitado legal y financieramente al Estado en su capacidad de intervenir en diversas áreas, además de imponer barreras a su papel protector.
La arquitectura macroeconómica y financiera que se implementó posteriormente a la crisis del 2008 colocó el sistema financiero y la estabilidad macroeconómica en el pedestal más alto de los objetivos europeos, otorgando menos importancia a los objetivos sociales.
Dada la crisis actual causada por la pandemia de COVID-19, los derechos sociales y los sistemas de bienestar deben ponerse a la vanguardia de las políticas públicas en Europa. En el artículo describimos qué tipo de mecanismos son necesarios para que la UE sea el protector general de la paz, la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos.
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