El 8 de febrero de 2021, he defendido en el debate en pleno sobre la reducción de las desigualdades y la pobreza laboral el modelo de economía social como pilar del Estado de Bienestar. Hay una creciente desigualdad tanto dentro de la UE como entre los Estados miembros. Como sabemos, no se alcanzó el objetivo EU 2020 de la Comisión Europea de reducir el número de personas en riesgo de pobreza en 20 millones y las inminentes consecuencias económicas y sociales de la pandemia de la COVID-19 están avivando los temores de que estas desigualdades se agudicen.
Si bien hace unos años imperaba el discurso de que el trabajo era la mejor manera de combatir la pobreza, hoy ya esto no es así para todos pues cada vez nos enfrentamos más a la realidad del trabajo precario con retribuciones tan bajas que no permiten sobrepasar el umbral de la pobreza: empleo atípico y precario, prácticas sin salario, trabajo en plataformas y trabajo autónomo falso y en solitario, a través de la subcontratación o de cadenas de subcontratistas o mediadores que erosionan los sistemas de convenios colectivos. La reducción de la cobertura está provocando además una reducción de los salarios.
Esto tiene consecuencias: gran parte de la competencia en el mercado interior se realiza a espaldas de los trabajadores. En lugar de trabajadores de la construcción locales, se utilizan trabajadores desplazados para reducir los salarios, al igual que los trabajadores de temporada que vienen como trabajadores para la cosecha de un país con salarios bajos a un país con salarios altos. Los bajos salarios son parcialmente cubiertos por el estado y, por lo tanto, las empresas reciben subsidios indirectos. Al mismo tiempo, el poder adquisitivo y la demanda interna están cayendo. Cada vez menos empleados pueden pagar la educación y la formación. Pero la legislación laboral y la seguridad social no deben terminar en las fronteras nacionales. Un enorme mercado único sin un marco vinculante para las normas sociales crea ventajas solo para unos pocos, mientras que muchas personas se quedan en el camino.
El informe pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan la prevención y la lucha contra la pobreza de los trabajadores dentro del objetivo general de erradicar la pobreza en la Unión Europea. Se exigen sistemas de negociación colectiva sólidos y efectivos que involucren a todos, y un enfoque coordinado que abarque todas las etapas de la vida y proporcione un marco que sea a prueba de pobreza y abarque desde un ingreso mínimo hasta un salario mínimo y una pensión mínima. El informe pone también especial acento en la brecha salarial de género. También pide la inclusión de un de progreso social en los tratados europeos que prevalezca en caso de conflicto entre las libertades económicas fundamentales y derechos sociales colectivos.
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