El Parlamento Europeo ha dado luz verde este jueves a un informe sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos que esboza una serie de propuestas en materia de políticas de vivienda en la UE. Ha defendido un modelo universalista de vivienda, destinada a cubrir las necesidades de todos, sobre todo, de los grupos más vulnerables como jóvenes, migrantes, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género, y que aborde problemáticas específicas como el sinhogarismo o los asentamientos segregados.
En las negociaciones, defendimos que el derecho a la vivienda no debe definirse estrictamente como el acceso a la vivienda social, sino en un sentido más amplio como el derecho de toda la ciudadanía a vivir en un hogar en paz, seguridad y dignidad.
Asimismo, he destacado las aportaciones de los Socialistas y Demócratas al informe, que incluye una serie de propuestas progresistas. Desafortunadamente, otras han sido frenadas por los grupos de la derecha como, por ejemplo, la prohibición de los desahucios, medidas para el control de los precios de alquiler y para frenar la especulación, la turistificación y la gentrificación. La derecha también ha conseguido derribar la iniciativa socialista de fijar la tasa de sobrecarga del coste de la vivienda en no más del 25% de la renta disponible de un hogar. Lamento que la derecha nega la realidad de las familias, pues ni los bancos aprueban ningún préstamo cuya cuota mensual supere el 35%. La propuesta de introducir un objetivo específico para la provisión de viviendas sociales suficientes en 2030 ha sido, paradójicamente, rechazada por los Verdes.
Logros
A pesar de ello, el balance general es positivo, ya que el informe recoge importantísimos logros socialistas que han conseguido sobrepasar los escollos de la derecha, como la defensa de un modelo universalista de vivienda destinado a cubrir no solo las necesidades de vivienda de los más desfavorecidos, sino también las necesidades de vivienda de los grupos de ingresos medios; la consideración de las políticas de vivienda social desde una perspectiva más amplia, que pasa por invertir también en instalaciones recreativas y deportivas, centros comunitarios, o espacios verdes para mejorar las condiciones de vida; o la inclusión del concepto de “vivienda social verde” y de criterios de sostenibilidad o apoyo a la economía circular.
También se ha conseguido que salga adelante uno de los puntos más progresistas del informe, esto es, la inclusión del sector de la vivienda en la lista de Servicios de General Interés Económico y, por tanto, excluido de las normas de competencia y de ayudas estatales. Esta propuesta socialista supone un enorme avance que daría a los países plena libertad para poner en marcha planes de vivienda pública y proveer tanta vivienda social como sea necesaria.
La crisis de la COVID-19 ha agravado todavía más la inseguridad de la vivienda. Por ello, el Grupo S&D defiende el derecho a la vivienda desde una perspectiva de derechos humanos, cuya aplicación es obligatoria para los Estados miembros y también para la Comisión, y considera que la falta de vivienda adecuada, la falta de hogar o los desalojos forzosos son una violación de los derechos humanos.