En la sesión plenaria de abril en el Parlamento Europeo hemos aprobado con 521 votos a favor el acuerdo sobre el Fondo Social para el Clima alcanzado entre las tres instituciones europeas en diciembre de 2022. El informe fue tratado conjuntamente por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento y aprobado el 18 de mayo de 2022. De cara a las negociaciones tripartitas, el Parlamento fijó su posición en la sesión plenaria de junio de 2022.
El Fondo Social para el Clima es la pieza fundamental para garantizar la justicia social en la transición europea hacia la neutralidad climática. Forma parte del paquete legislativo “Fit for 55”, que es la hoja de ruta para conseguir el objetivo del Pacto Verde Europeo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990, una meta blindada por la Ley Europea del Clima. Este Fondo se encuentra conectado con la propuesta de la Comisión que establece la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) a los sectores de los edificios y del transporte por carretera. Así, el Fondo busca beneficiar a los hogares, las microempresas y los usuarios del transporte vulnerables que se verán particularmente afectados por el posible aumento de los precios de la energía y del combustible para calefacción.
Desde el Parlamento Europeo hemos realizado grandes esfuerzos para que el Fondo Social para el Clima disponga de las herramientas necesarias para atajar de manera efectiva el impacto de la transición hacia la descarbonización de manera que esta no perjudique a los ciudadanos europeos más vulnerables. En esta línea, se han conseguido grandes logros durante las negociaciones y que se encuentran reflejadas en el acuerdo aprobado en trílogos.
En primer lugar, se establecen ayudas directas temporales a la renta, las cuales no representarán más del 37,5% del coste total estimado de los planes nacionales. El Fondo también financiará inversiones estructurales de impacto duradero, incluyendo: la renovación de edificios, especialmente para aquellas personas que vivan en edificios con peor rendimiento,, incluidas las que viven en viviendas sociales; el apoyo al acceso a viviendas asequibles y eficientes desde el punto de vista energético, incluidas las viviendas sociales; la descarbonización de los edificios; la integración de energías renovables; la adquisición de vehículos de cero y bajas emisiones y la inversión en la infraestructura necesaria para estos; la incentivación del uso de un transporte público asequible y accesible; y el apoyo a los servicios de movilidad compartida y las opciones de movilidad activa.
Por otra parte, gracias a la prefinanciación propuesta por el Parlamento, el Fondo comenzará a funcionar un año antes (2026) de la entrada del comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) de los sectores de los edificios y del transporte por carretera. Además, si los precios de la energía se encuentran excepcionalmente altos, la entrada del RCDE se podría retrasar un año, comenzando en 2028. El Fondo estará operativo hasta el año 2032. La financiación del Fondo provendría de los futuros ingresos del RCDE, con un presupuesto que ascendería a los 65.000 millones de euros y que podría llegar hasta 86.700 millones de euros debido a que los Estados miembros cofinanciarán el 25% del mismo.
El Parlamento ha logrado la inclusión de las definiciones de pobreza energética y de movilidad en el texto, lo cual garantiza la seguridad jurídica del Fondo y un enfoque coherente de la pobreza relacionada con la transición verde. Además, los Estados miembros tendrán que explicar cómo aplicarán estas definiciones en sus planes nacionales por el clima. Igualmente, se ha conseguido introducir que las medidas e inversiones apoyadas por el Fondo contribuirán, cuando corresponda, a la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como a la creación de puestos de trabajo sostenibles y de calidad en los ámbitos cubiertos por las medidas e inversiones del Fondo.
Asimismo, se ha logrado la inclusión de un artículo sobre el Diálogo Social sobre el Clima. Esta iniciativa consiste en que, con el fin de garantizar una mayor transparencia y responsabilidad entre las instituciones, el Parlamento podrá invitar a la Comisión dos veces al año para que presente los planes propuestos por los Estados miembros, la evaluación de los planes de los Estados miembros por parte de la Comisión, así como el grado de consecución de los hitos y objetivos de los planes presentados por los Estados miembros.
Como hemos defendido los socialistas desde el comienzo, es imprescindible que la transición hacia la neutralidad climática sea socialmente justa. Y es por ello que celebro la aprobación del Fondo Social para el Clima, un gran paso en la buena dirección que demuestra que el compromiso de la Unión europea en la lucha contra el cambio climático va de la mano con el compromiso de ayudar a los ciudadanos más vulnerables a lo largo de esta transición.