El pasado 2 de febrero el Parlamento Europeo aprobó en su sesión plenaria la entrada en negociaciones interinstitucionales de la propuesta de Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales. Así, el Parlamento ha fijado su posición de cara a comenzar las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea. El texto de la Directiva fue negociado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, liderado por una compañera del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y aprobado en diciembre de 2022 en dicha Comisión.
Los socialistas en el Parlamento Europeo hemos conseguido que la propuesta de Directiva garantice la autonomía, la libertad y la flexibilidad de los autónomos, con la introducción de la presunción de laboralidad. Con esta medida, se consigue luchar contra una errónea clasificación por parte de las plataformas digitales de trabajo y que esta clasificación se base en las condiciones de trabajo reales, protegiendo de esta manera a los trabajadores de la precariedad laboral y apoyando las buenas prácticas empresariales, al combatir la competencia desleal por parte de las plataformas que utilizan “falsos autónomos”.
Además, el Parlamento ha invertido la carga de prueba: ya no serán los trabajadores los que deban demostrar que no son autónomos; al contrario, será la empresa la que deba demostrar que lo son. Cabe aclarar que esta reclasificación no es automática ni general, dado que las empresas tienen derecho a refutar la presunción de laboralidad y probar que no hay relación laboral, aportando evidencia de que no aplican a los trabajadores de la plataforma criterios de control y subordinación tales como salario, horario, sistemas de calificación, seguimiento o supervisión del trabajador, reglas sobre apariencia o conducta, etc. La reclasificación solo ocurrirá si la plataforma de trabajo digital no puede demostrar que se trata de un trabajador por cuenta propia. Así, la Directiva protege al verdadero autónomo, que puede seguir siendo autónomo; y al falso autónomo que es en realidad un trabajador.
Otro logro fundamental de la Directiva es la regulación de la gestión algorítmica. El acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo garantiza que los trabajadores estarán informados sobre cuál es el propósito de la vigilancia a través de algoritmos y cómo operan los sistemas de toma de decisiones automatizadas. El objetivo es proteger los datos personales de los trabajadores y su utilización por parte de las plataformas, de manera de que no se utilicen para discriminarlos, restringir sus derechos fundamentales o afectar negativamente sus condiciones de trabajo, salud y seguridad. Para ello, el texto del Parlamento se asegura de que los representantes de los trabajadores tengan una mayor participación en el despliegue de los sistemas automatizados de inteligencia artificial y en la evaluación de sus riesgos. Además, las decisiones en torno a la contratación, despido, salud, seguridad laboral, u otras decisiones sustanciales para las condiciones laborales del trabajador, no podrán ser tomadas por estos sistemas automatizados, sino exclusivamente por personas responsables de la empresa.
Si bien el Parlamento ya ha adoptado su posición, el Consejo empieza ahora sus negociaciones para adoptar la suya y llegar a un acuerdo entre los 27 Estados miembros. Estas negociaciones se prevén difíciles debido a que tan solo una minoría de los Estados miembros – los actualmente gobernados por la izquierda, tales como España o Portugal – son los que apoyan el contenido de la Directiva del Parlamento. Una vez el Consejo haya consensuado su posición, podrán comenzar las negociaciones entre el Consejo y la Eurocámara, cuyo resultado dará lugar a la Directiva que los Estados miembros deberán trasponer a sus sistemas jurídicos nacionales. Así, debido a las reticencias del resto de una gran mayoría de los Estados miembro alrededor de esta Directiva, es probable que veamos su aprobación apenas en 2024.
La Presidencia española en el Consejo de la Unión Europea durante este periodo será clave para mantener los avances conseguidos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, así como para acelerar las negociaciones y que la Directiva se apruebe antes de acabar esta legislatura. El Gobierno socialista en España ha sido pionero con su “Ley Rider” de 2021 y es con esta ambición y determinación que debemos apoyar y sacar adelante una Directiva europea fuerte que proteja a los trabajadores de plataformas digitales garantizando el acceso a los derechos sociales y laborales en toda la Unión, respetando así nuestro Modelo Social Europeo.