Aprobada en el Parlamento la Ley de Restauración de la Naturaleza

El Parlamento Europeo ha aprobado el pasado miércoles 12 de julio uno de los dosieres más trascendentales del Pacto Verde Europeo: la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuyo objetivo principal es la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad de la Unión Europea. El informe final se aprobó con 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones tras haber pasado la votación de la primera enmienda que consistía en rechazar la propuesta de la Comisión (312 votos a favor, 324 en contra y 12 abstenciones). Un resultado muy ajustado y que refleja las complicadas negociaciones que se plantearon complicadas desde el comienzo en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, donde el informe fue rechazado con un empate de 44-44.

La razón radica en el boicot organizado por el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, e impuesto a el resto del partido. El partido Popular decidió oponerse al acuerdo alcanzado en la Comisión de Medio Ambiente y comenzó una campaña política de rechazo a la propuesta de la Comisión bajo la premisa de que la Ley amenazaría la seguridad alimentaria de la UE y atentaría contra la actividad económica de los ganaderos y pescadores. Estas falsas afirmaciones no tardaron en ser negadas en numerosas ocasiones por la propia Comisión Europea, por la comunidad científica, por organizaciones ecologistas, por activistas jóvenes preocupados por su futuro e incluso por parte del mundo empresarial. Finalmente se demostró, a través de la evidencia científica, que restaurar los ecosistemas degradados, revertir la perdida de la biodiversidad y mejorar la calidad de los suelos resulta beneficioso para todos y todas, al garantizar la capacidad productiva de las tierras agrícolas y, por tanto, la seguridad alimentaria de Europa a largo plazo.

Pese a la constante negativa del Partido Popular Europeo, aliado con los conservadores y la extrema derecha para impedir que esta legislación saliese adelante, cabe destacar el incansable esfuerzo negociador y conciliador que se ha realizado desde nuestro Grupo de Socialistas y Demócratas por aunar las voces de todos los grupos políticos y lograr un informe equilibrado y aceptable para todas las partes. Además, hemos conseguido notables logros en el informe final tras las enmiendas aprobadas en el pleno.

El informe aprobado en el Parlamento establece que los Estados miembros deberán aplicar medidas de restauración de aquí a 2030 en al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea; y para 2050, en todos los ecosistemas que necesiten de restauración. Además, los Estados miembros deberán contribuir a la consecución del objetivo de la Unión Europea de plantar al menos tres mil millones de árboles adicionales para 2030 y deberán, a más tardar en 2030, mejorar la diversidad de los polinizadores e invertir el declive de sus poblaciones. Asimismo, el informe refuerza la aplicación de medidas para restaurar los ecosistemas marinos; y requiere que la Comisión presente un informe al Parlamento Europeo y al Consejo que contenga, entre otras cosas, propuestas de medidas adicionales adecuadas, incluidas medidas financieras para colmar las lagunas detectadas como la creación de un instrumento específico.

A pesar de que la propuesta no es todo lo ambiciosa que el Grupo de Socialistas y Demócratas hubiera querido, se ha realizado un trabajo contundente para evitar que el bloque de la derecha y extrema derecha rechazase esta Ley por completo y por tanto ralentizase el avance de una de las piezas legislativas más importantes del Pacto Verde Europeo. Nuestro compromiso prioritario con la lucha contra el cambio climático y con una transición ecológica y justa no puede esperar más. Sacar esta Ley hacia adelante es, por tanto, una victoria para los socialdemócratas europeos. El ponente del informe, el compañero socialista César Luena, ya ha avanzado que hará lo posible para recuperar la ambición perdida con las enmiendas de la derecha durante las negociaciones tripartitas entre la Comisión, el Consejo de la UE y el Parlamento, con la intención de poder llegar a un acuerdo a finales de este año.

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